Fiscales de materia y analistas; así como peritos y policías de POFOMA y de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen participaron del 28 al 30 de agosto en un curso de especialización en investigación de delitos contra el medio ambiente, realizado en Santa Cruz, con el objetivo de fortalecer sus capacidades técnicas y jurídicas para la lucha contra el tráfico ilegal de vida silvestre, la minería ilegal y los incendios forestales.
El evento fue organizado por la Plataforma Ambiental Suecia-UE bajo el liderazgo técnico de la Wildlife Conservation Society (WCS), considerando que estos delitos representan una amenaza creciente para la biodiversidad, la seguridad ecológica y el desarrollo sostenible en Bolivia, además de estar vinculados con redes de crimen organizado, corrupción y lavado de activos. Especialistas de diferentes instituciones aportaron desde su experiencia legal, técnica y científica para fortalecer la respuesta de las instancias involucradas frente a estas amenazas.
El programa de formación incluyó el análisis de instrumentos internacionales como la Convención CITES y el Protocolo de Nagoya, técnicas de investigación forense aplicada y estrategias para el desmantelamiento de redes delictivas. También se abordó el manejo de evidencias biológicas y la aplicación del derecho penal ambiental.
Autoridades nacionales e internacionales coincidieron en que la capacitación es clave para mejorar la persecución de estos delitos. El embajador de la Unión Europea en Bolivia, Jaime Segura Socias, dio las palabras de circunstancia al cierre del curso y señaló que éste contribuye a reforzar las capacidades del Ministerio Público y la Policía en un momento crítico para la región.
El Coronel Carlos Chispas, director nacional de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (POFOMA), explicó que la reciente Ley del Cóndor tipifica de manera más específica delitos como el tráfico de vida silvestre y los incendios, estableciendo sanciones de hasta ocho años de privación de libertad.
Por su parte, Eduardo Serrano, director de la Escuela de Fiscales del Estado, resaltó que la investigación debe orientarse a identificar actores y espacios de coordinación que permitan prevenir delitos como las quemas y la minería ilegal.
El representante jurídico ambiental del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), Hugo Menchaca, advirtió sobre el impacto devastador de la minería aurífera ilegal en áreas protegidas donde existen yacimientos de este metal.
Según los organizadores, la formación es una herramienta estratégica para consolidar la gobernanza ambiental y la administración de justicia en Bolivia frente a delitos que ponen en riesgo la vida silvestre y los ecosistemas.
Esta iniciativa fue organizada por WCS Bolivia y es cofinanciada por la Plataforma Ambiental Suecia-UE y el Programa Paisaje Madidi financiado por la LLF y la Fundación Moore.
Fotografías: Ariel Reinaga, Diego Im, Manuel Salinas, Vania Arroyo / WCS Bolivia
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Video: Diego Im/ WCS Bolivia