Mejorar las capacidades para la aplicación de la norma en la atención de delitos ambientales fue el objetivo central del Curso Especializado en Investigación en Delitos de Medio Ambiente, realizado del 4 al 6 de septiembre en Cochabamba. La capacitación, dirigida a fiscales y policías, abordó normativa nacional e internacional en casos de incendios forestales, tráfico de fauna silvestre y minería, ilegales.

El encuentro reunió a fiscales analistas en materia de anticorrupción y medio ambiente, además de peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Cochabamba y Sucre. Entre los asistentes destacados estuvieron los fiscales superiores Luis Montaño y René Cáceres, de la Fiscalía Superior en Crimen Organizado; Mirtha Mejía, de la Fiscalía Superior de Anticorrupción; Jorge Algarañaz, de la Fiscalía Superior de Narcotráfico y Medio Ambiente; y Marcela Terceros, de la Fiscalía Superior de Derechos Humanos, todos miembros de la Fiscalía General del Estado.

Durante el curso se presentaron protocolos y manuales, así como herramientas prácticas en la investigación de delitos ambientales. Según Vania Arroyo, especialista legal en la lucha contra el tráfico ilegal de vida silvestre de WCS, la capacitación permitió dotar a fiscales, policías y peritos, recursos técnicos y jurídicos fundamentales para investigar y sancionar de forma más eficiente los delitos vinculados al tráfico de fauna, contribuyendo a proteger la biodiversidad del país. Por su parte, Iván Zárate, responsable legal en temas de ilícitos ambientales de WCS, destacó que el desarrollo del país debe estar alineado con prácticas sostenibles que eviten la deforestación, los incendios o la contaminación de ríos, subrayando la importancia de proteger el territorio como base de bienestar y seguridad para la población.

También se mostraron herramientas de análisis espacial disponibles para enfrentar los delitos ambientales. En este sentido, Ariel Reinaga, coordinador de análisis espacial de WCS, subrayó la utilidad de la plataforma denominada Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) como una herramienta especializada para el monitoreo de focos de calor y las cicatrices provocadas por incendios. Además, explicó que, mediante estas herramientas es posible mapear y cuantificar la pérdida de cobertura boscosa y la degradación de ecosistemas causada por actividades ilícitas, remarcando la importancia de ello para ayudar a las entidades estatales en este seguimiento y a los fiscales en materia para poder identificar a los infractores.

Finalmente, el especialista en reducción de impactos por minería en el paisaje Madidi de WCS, Manuel Salinas, advirtió que la minería ilegal, especialmente la aurífera, es uno de los ilícitos ambientales más dañinos para el patrimonio natural y cultural de Bolivia, lo que hace indispensable aplicar la normativa vigente, sobre todo en territorios indígenas y áreas protegidas, donde el rol de los fiscales resulta crucial.

Esta actividad fue organizada por WCS Bolivia, con el apoyo financiero del Legacy Landscape Fund, la Fundación Gordon y Betty Moore, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de EE. UU. y el cofinanciamiento de la Plataforma Ambiental Suecia-UE.

Fotografías: Ariel Reinaga, Vania Arroyo, Manuel Salinas, Andrea Bedregal, Iván Zarate | WCS