El Grupo Interinstitucional de Trabajo en Oro Responsable (GIT-OR) reunió a más de 80 personas entre investigadores, especialistas y representantes de instituciones públicas, académicas, organizaciones sociales indígenas y de la sociedad civil este lunes 18 de agosto en el Hotel Europa. Este primer taller preparatorio para el IV Simposio del Oro, denominado: “Oro en Bolivia: Balance y perspectivas de un modelo en crecimiento”, permitió analizar los desafíos técnicos, económicos, sociales y ambientales asociados a la explotación de oro en Bolivia.
En el encuentro se abordaron temas como el balance socioeconómico de la última década de explotación aurífera, las economías morales del oro en Bolivia, los impactos de la minería en áreas protegidas y territorios indígenas, el vínculo entre mercurio y salud en la Amazonía boliviana y las perspectivas para una política pública orientada a una actividad minera legal y cada vez más responsable.
Las exposiciones y el intercambio entre especialistas estuvieron orientados a avanzar hacia propuestas que permitan abordar los impactos y desafíos de la minería aurífera desde una perspectiva integral. Se buscó consolidar un espacio de diálogo entre academia, sociedad civil, sector minero y otros actores vinculados a la actividad aurífera para contribuir a una discusión informada sobre el futuro de la minería en el país.
Oscar Loayza, co-director del Programa de Conservación Paisaje Madidi y coordinador de Gestión Territorial Integral de Wildlife Conservation Society (WCS), destacó la importancia de generar información científica que permita dimensionar los reales impactos de la minería aurífera sobre el ambiente, la biodiversidad, la salud y los medios de vida de las poblaciones.
“La generación de información de base científica es muy importante para poner en evidencia los impactos que está generando la minería aurífera ilegal”, afirmó. Loayza señaló además que esta evidencia puede respaldar acciones de control, legales y de incidencia ante las autoridades.
El investigador emérito de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Roger Carvajal, enfatizó en los efectos del mercurio sobre la salud de las poblaciones vulnerables expuestas al consumo de alimentos contaminados. Explicó que los estudios permiten contar con evidencia científica sobre los daños y pueden contribuir a promover cambios en las políticas públicas. Afirmó además que Bolivia necesita modificar su modelo de producción y extracción de oro incorporando tecnología y cumpliendo normas ambientales, laborales y tributarias. A su juicio, la transformación de las cooperativas en empresas formales podría facilitar el acceso a financiamiento, transferencia tecnológica y conocimiento.
Desde una perspectiva social y económica, Claude Le Gouill, investigador del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD), destacó la diversidad de actores que intervienen en la actividad aurífera, entre ellos inversionistas, cooperativistas, comunidades, propietarios de tierras y trabajadores. “Hay que generar diálogos entre todos”, dijo. Le Gouill considera necesario incorporar también a las comunidades que no quieren que la minería avance sobre sus territorios. Para este investigador, comprender las distintas dinámicas e intereses es clave para construir soluciones que mejoren las condiciones ambientales y sociales de la actividad.
Héctor Córdova, analista del sector minero de Fundación Jubileo, coincidió en la necesidad de articular las distintas posiciones. Señaló que el sector aurífero involucra intereses de comunidades, mineros, comercializadores, compradores de oro, Estado, organizaciones ambientales, academia y gobiernos subnacionales. En ese sentido, destacó que la participación de representantes de cooperativas durante el taller mostró que existe un espacio para confrontar posiciones y construir acuerdos. También advirtió sobre el avance de estructuras ilegales vinculadas a la explotación aurífera y consideró necesario aprovechar la disposición de quienes actualmente operan fuera de las normas para facilitar su transición hacia la legalidad.
Alfredo Zaconeta, comunicador social e investigador especializado en minería, reflexionó sobre planificación estatal frente al crecimiento de la actividad aurífera durante los últimos años. Señaló que el incremento de la minería no estuvo acompañado por políticas públicas capaces de anticipar sus efectos sociales, económicos y ambientales. Asimismo, Zaconeta resaltó el papel de la sociedad civil en la construcción de propuestas.
“Los diagnósticos se tienen. Ahora sería oportuno tomar en cuenta estas propuestas que se dan desde la sociedad civil”, afirmó, al destacar la necesidad de incorporar evidencia y recomendaciones técnicas en la toma de decisiones públicas.
GIT-OR funciona como una plataforma de instituciones de la sociedad civil que busca aportar información y propuestas para avanzar hacia una minería legal, técnica, social y ambientalmente responsable. Está conformada por 12 instituciones de la sociedad civil y de la academia, que articulan capacidades y conocimientos para contribuir al análisis y abordaje de los desafíos de la actividad aurífera en el país. Durante esta gestión, la coordinación general está a cargo de Conservation Strategy Fund (CSF), y entre sus organizaciones miembro se encuentran Wildlife Conservation Society, Cumbre del Sajama, Conservación Amazónica, Conservación Internacional Bolivia, Colegio de Biólogos de La Paz, Fundación MEDMIN, Reacción Climática, Fundación Plagbol y la Alianza Gato Andino. Esta iniciativa fue cofinanciada por la Plataforma Ambiental Suecia-UE.
Fotografías: Diego Im/WCS